EL SISTEMA INTERAMERICANO DE
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS

  1. La Novena Conferencia Internacional Americana y los Derechos Humanos
  2. Antecedentes de la Declaracion Americana
  3. La Creacion de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, El Estatuto Original y la Ampliacion de las Facultades de la Comision
  4. La Nueva Condicion de la Comision Conforme al Texto de la Carta de la OEA Adoptado Mediante el Protocolo de Buenos Aires
  5. La Convencion Americana Sobre Derechos Humanos
  6. El Nuevo Estatuto y El Nuevo Reglamento de la Comision Interamericana de Derechos Humanos
  7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
  8. Instrumentos Interamericanos mas Recientes Referidos a los Derechos Humanos

A. LA NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL
AMERICANA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Mediante un proceso evolutivo que ha significado la adopción de diferentes instrumentos internacionales, los Estados americanos, en el libre ejercicio de su soberanía, han llegado a estructurar un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, en el que se reconocen y definen esos derechos; se establecen normas de conducta obligatorias tendientes a su promoción y protección; y se crean órganos destinados a velar por la fiel observancia de los mismos.

Este sistema interamericano de promoción y protección de derechos fundamentales se inicia formalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948) en la que se creó la Organización de los Estados Americanos, cuya Carta proclamó los "Derechos Fundamentales de la Persona Humana" como uno de los principios en que se fundamenta la Organización. Asimismo, se aprobaron varias resoluciones que se enmarcan en el campo de los derechos humanos, como aquellas mediante las cuales se adoptaron las convenciones sobre la concesión de los derechos civiles y políticos de la mujer, la resolución relacionada con la "Condición Económica de la Mujer Trabajadora" y la "Carta Internacional Americana de Garantías Sociales", en que los gobiernos de las Américas proclaman "los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase". Esta Carta "constituye el mínimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables", pues "los fines del Estado no se cumplen con el solo reconocimiento de los derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como personas" y como consecuencia debe garantizar "simultáneamente el respeto a las libertades políticas y del espíritu y la realización de los postulados de la justicia social".

B. ANTECEDENTES DE LA
DECLARACION AMERICANA

La Declaración Americana, las disposiciones de la Carta de la OEA referentes a los derechos humanos y las resoluciones antes mencionadas, tienen importantes antecedentes que fueron adoptados en reuniones y conferencias interamericanas anteriores.

Los primeros antecedentes se encuentran en algunas de las resoluciones adoptadas por la Octava Conferencia Internacional Americana (Lima, Perú, 1938), tales como la relacionada con la "Libre Asociación y Libertad de Expresión de los Obreros", la "Declaración de Lima en favor de los Derechos de la Mujer", la Resolución XXXVI en que las Repúblicas Americanas declararon que "toda persecución por motivos raciales o religiosos...contraría los regímenes políticos y jurídicos [de América]", y especialmente la "Declaración en Defensa de los Derechos Humanos", que expresó la preocupación de los gobiernos de las Américas con respecto a la ocurrencia y a las posibles consecuencias del inminente conflicto armado, y que señaló que cuando se recurra a la guerra "en cualquiera otra región del mundo, se respeten los derechos humanos no necesariamente comprometidos en las contiendas, los sentimientos humanitarios y el patrimonio espiritual y material de la civilización."

En 1945, cuando el mundo se encontraba inmerso todavía en la segunda guerra mundial, los Estados americanos --que de un modo u otro padecían las consecuencias de la guerra-- comenzaron a examinar los problemas de la misma y a prepararse para la paz. En febrero y marzo de 1945, en la Ciudad de México, la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, adoptó, entre otras resoluciones de capital importancia, dos que influyeron sobre el desarrollo del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos: la Resolución XXVII, intitulada "Libertad de Información", y la Resolución XL, sobre "Protección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre". Además de la importancia de la primera de esas resoluciones, en que los Estados americanos manifestaban una vez más su "firme anhelo (de)...asegurar una paz que defienda y proteja, en todas las regiones de la tierra, los derechos fundamentales del hombre", fue la segunda resolución la que hizo de predecesora de la Declaración Americana, ya que proclamó "la adhesión de las Repúblicas Americanas a los principios consagrados en el Derecho Internacional para la salvaguardia de los derechos esenciales del hombre", y se pronunció en favor de un sistema de protección internacional de los mismos, señalando en su Preámbulo que "para que esa protección sea llevada a la práctica se requiere precisar tales derechos --así como los deberes correlativos-- en una Declaración adoptada en forma de Convención por los Estados". En consecuencia, la Conferencia encomendó al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un anteproyecto de declaración que debía ser sometido a los gobiernos, y encomendó al Consejo Directivo de la Unión Panamericana "la convocatoria de la Conferencia Internacional de Jurisconsultos Americanos...a fin de que la declaración sea adoptada en forma de convención por los Estados del Continente".

El último, y no por eso menos importante antecedente, se encuentra en el preámbulo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) (Río de Janeiro, Brasil, 1947), que en uno de sus párrafos expresa que: "la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el reconocimiento y la protección internacional de los derechos y libertades de la persona humana".

El proyecto de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, preparado por el Comité Jurídico Interamericano, fue presentado a la Novena Conferencia, y si bien tuvo la virtud de ser el primer instrumento internacional de su tipo adoptado a este nivel, no fue aprobado como convención, como se esperaba. No obstante, merece destacarse el párrafo final de las cláusulas introductorias de la Declaración Americana:

La consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias.

Es importante señalar también que la Declaración, que, además de un preámbulo, comprende 38 artículos en que se definen los derechos protegidos y los deberes correlativos, establece también, en otra cláusula introductoria que, "los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana". Por lo tanto, los Estados americanos reconocen el hecho de que cuando el Estado legisla en este campo, no crea o concede derechos, sino que reconoce derechos que existían antes de la formación del Estado; derechos que tienen su origen en la naturaleza misma de la persona humana.

Con posterioridad a la adopción de la Declaración Americana y antes de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se encuentran en la Décima Conferencia Internacional Americana (Caracas, Venezuela, 1954), aportes sustanciales para la estructuración del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Entre otros son de mencionar la llamada "Declaración de Caracas", en que la Conferencia expresó nuevamente "la convicción de los Estados americanos de que uno de los medios más eficaces para robustecer sus instituciones democráticas consiste en fortalecer el respeto a los derechos individuales y sociales del hombre, sin discriminación alguna, y en mantener y estimular una efectiva política de bienestar económico y justicia social destinada a elevar el nivel de vida de sus pueblos;" y la resolución sobre el "Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos", cuya importancia consistió en que fue el primer programa de acción encaminado a promover estos derechos.

C. LA CREACION DE LA COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS, EL ESTATUTO ORIGINAL Y LA
AMPLIACION DE LAS FACULTADES DE LA COMISION

La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Santiago, Chile, 1959) adoptó importantes resoluciones relativas al desarrollo y fortalecimiento del sistema, como la Declaración de Santiago, en la que los Ministros de Relaciones Exteriores de los países americanos proclamaron que "la armonía entre las Repúblicas Americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas", y declararon que "los gobiernos de los Estados americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana".

Por otra parte, conforme a la Resolución III de la Reunión se encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos "el estudio de la posible relación jurídica entre el respeto de los derechos humanos y el efectivo ejercicio de la democracia representativa".

Sin embargo, la resolución más importante, en este campo, emanada de la Quinta Reunión de Consulta, fue la referente a "Derechos Humanos". En ella, se declaró que dados los progresos alcanzados en materia de derechos humanos después de once años de proclamada la Declaración Americana y los avances que paralelamente se experimentaron en el seno de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa en la reglamentación y ordenación de la materia "se halla preparado el ambiente en el Hemisferio para que se celebre una convención" y se consideró que era "indispensable que tales derechos sean protegidos por un régimen jurídico a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Con tal propósito, en la Parte I de la resolución se encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un "proyecto de Convención sobre derechos humanos... y... el proyecto o proyectos de convención sobre la creación de una Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y de otros órganos adecuados para la tutela y observancia de los mismos".

En la Parte II de la resolución mencionada, la Quinta Reunión de Consulta creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo que, en parte, se resolvió el problema que a la época afrontaban los Estados americanos debido a la carencia de órganos específicamente encargados de velar por la observancia de estos derechos. Esta parte dice textualmente:

Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y tendrá las atribuciones específicas que éste le señale.

El Consejo de la Organización aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 1960 y eligió a los primeros miembros de la misma el 29 de junio de ese año.

La Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Punta del Este, Uruguay, 1962) consideró que la "insuficiencia de las atribuciones y facultades previstas en el Estatuto original", había dificultado "la misión que se le ha encomendado a la Comisión", por lo que encargó al Consejo de la Organización la reforma del Estatuto a fin de "ampliar y fortalecer sus atribuciones y facultades en el grado que le permita llevar a cabo eficazmente la promoción del respeto a esos derechos en los países continentales". No obstante, este Estatuto rigió a la Comisión hasta 1965, cuando la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre de ese año, resolvió modificarlo y ampliar las funciones y facultades de la Comisión en los siguientes términos:

Solicitar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe velando por la observancia de los derechos humanos fundamentales en cada uno de los Estados miembros de la Organización.

Solicitar de la Comisión que preste particular atención a esa tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Autorizar a la Comisión para que examine las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los Estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales.

Solicitar de la Comisión que rinda un informe anual a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que incluya una exposición sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados por la Declaración Americana. Tal informe deberá contener una relación sobre los campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos conforme lo prescribe la citada Declaración, y formular las observaciones que la Comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que haya recibido y sobre cualquier otra información que la Comisión tenga a su alcance.

En ejercicio de las atribuciones prescritas en los párrafos 3 y 4 de esta resolución, la Comisión deberá verificar, como medida previa, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro fueron debidamente aplicados y agotados.

La Comisión, en el período de sesiones celebrado en abril de 1966, modificó su Estatuto conforme a lo resuelto por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, ampliándose por ende las funciones y facultades que poseía conforme al Estatuto original.

D. LA NUEVA CONDICION DE LA COMISION
CONFORME AL TEXTO DE LA CARTA DE LA OEA ADOPTADO
MEDIANTE EL PROTOCOLO DE BUENOS AIRES

La CIDH se convirtió en uno de los principales órganos de la OEA al introducirse una reforma (del artículo 51) de la Carta de la Organización (Protocolo de Buenos Aires, 1967).

La Carta reformada, que entró en vigencia en 1970, se refiere también a la Comisión en sus artículos 112 y 150. En el primero de esos artículos se hace referencia a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le asigna como función principal la tarea de "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia" y se expresa que "una convención interamericana sobre derechos humanos" debía determinar "la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como la de los otros órganos encargados de esa materia".

Por su parte, el artículo 150 de la nueva versión de la Carta asignó a la Comisión la función de "velar por la observancia de tales derechos" mientras no entrara en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

E. LA CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS

La estructura institucional del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, que hasta ese momento descansaba en instrumentos de naturaleza declarativa, experimentó un cambio sustancial al adoptarse una convención. La antigua aspiración, expresada en México en 1945 de "precisar tales derechos... así como los deberes correlativos... en una declaración adoptada en forma de Convención por los Estados", se cumplió en San José, Costa Rica en 1969.

El proyecto de Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José), que entró en vigencia el 18 de julio de 1978, no sólo fortaleció el sistema, al dar más efectividad a la Comisión y, en general, a los mecanismos interamericanos de promoción y protección de esos derechos, sino que marca la culminación de la evolución del sistema, al cambiarse la naturaleza jurídica de los instrumentos en que descansa la estructura institucional del mismo.

La Convención, según el primer párrafo de su Preámbulo, tiene como propósito "consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". En su parte primera establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y el deber de los mismos de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos.

En su segunda parte, la Convención establece los medios de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los que declara órganos competentes "para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención".

Las funciones y facultades de la Convención se enuncian en los artículos 41 a 43 de la Convención. En los artículos 44 a 51, se prevé el procedimiento referente al régimen de comunicaciones individuales.

A continuación pasa a definir los derechos y libertades protegidos, contrayéndose principalmente a los derechos civiles y políticos, pues en cuanto a los económicos, sociales y culturales se refiere, los Estados sólo se comprometieron a "adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos..., por vía legislativa u otros medios apropiados".

La Asamblea General durante su decimoctavo período ordinario de sesiones (1988), y en base al borrador de trabajo preparado por la Comisión, abrió a la firma el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en cuyo Preámbulo los Estados partes de la Convención Americana reconocen la estrecha relación existente entre los dos grupos de derechos "por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente...". Los Estados partes recuerdan igualmente que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".

Al ratificar el Protocolo, los Estados partes "se comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo", el cual se refiere al derecho al trabajo y a las condiciones laborales, al derecho a la seguridad social, salud, un medio ambiente sano, alimentación, educación, a los beneficios de la cultura, al derecho a la familia y de los niños así como a los derechos de los ancianos y minusválidos.

F.EL NUEVO ESTATUTO Y EL NUEVO REGLAMENTO
DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS

La Asamblea General de la OEA, en su noveno período ordinario de sesiones (La Paz, Bolivia, 1979), aprobó el nuevo Estatuto de la Comisión. Su artículo 1º, en concordancia con el Artículo 112 de la Carta de la OEA, define a la Comisión como "un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia".

En general, puede decirse que las importantes innovaciones que introdujo la Convención en lo referente a la Comisión se reflejan en el nuevo Estatuto. Así, es la Comisión y no los miembros de ella, como se establecía anteriormente, la que representa a todos los Estados miembros de la OEA. La jerarquía institucional de sus miembros corresponde ahora a la jerarquía a que fue elevada la Comisión (Artículo 51 de la Carta reformada), disponiéndose que los siete miembros que la integran serán elegidos por un período de 4 años por la Asamblea General (artículo 3) y no por el Consejo de la Organización, como se preveía en el antiguo Estatuto, aún cuando la función de llenar las vacantes que se presentaren corresponde, de acuerdo al artículo 11, al Consejo Permanente de la OEA. En lo que a la organización interna de la CIDH se refiere, el nuevo Estatuto prevé los cargos de un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, con un mandato de un año en esos cargos, pudiendo ser reelegidos por una sola vez por cada período de cuatro años.

El nuevo Estatuto distingue claramente las atribuciones de la Comisión respecto a los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de aquellas referidas a los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención. Con respecto a estos últimos, la competencia surge de las disposiciones de la Carta de la OEA y de la anterior práctica seguida por la Comisión. La competencia referente a los Estados Partes en la Convención Americana emana de dicho instrumento. Las atribuciones que el Estatuto ha conferido a la Comisión en relación con los Estados miembros de la Organización que no son Partes en la Convención Americana, son las mismas que poseía bajo el anterior Estatuto. Las disposiciones referentes a las funciones y atribuciones de la Comisión están contenidas en los artículos 18, 19 y 20 del Estatuto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su cuadragésimo noveno período de sesiones (abril de 1980), aprobó su nuevo Reglamento, lo que fue reformado durante su 64º período de sesiones celebrado en marzo de 1985, y en su 70º período de sesiones, llevado a cabo en junio-julio de 1987.

El Título I del Reglamento consta de 5 capítulos, en los que se regula la naturaleza y composición de la Comisión; sus miembros; la directiva; el secretariado y el funcionamiento de la Comisión.

En el Título II se establecen los diferentes procedimientos a aplicarse según el Estatuto de la Comisión, a Estados partes y a Estados que no sean partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además en este título se tratan las investigaciones in loco que se realizan por la Comisión; los informes generales y especiales que ésta publica, y la celebración de audiencias ante la misma.

El Título III del Reglamento se refiere a las relaciones de la Comisión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Capítulo II de este Título se regulan los procedimientos a seguirse cuando la Comisión decide llevar un caso ante la Corte de conformidad con el artículo 61 de la Convención Americana.

Finalmente, en el Título IV se contienen las disposiciones finales en las cuales se regulan la interpretación del Reglamento y sus potenciales reformas.

G. LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

La idea de establecer una corte para proteger los derechos humanos en las Américas surgió hace largo tiempo. En la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948) se adoptó la Resolución XXXI denominada "Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre", en la que se consideró que la protección de esos derechos "debe ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente" ya que "tratándose de derechos internacionalmente reconocidos la protección jurídica para ser eficaz debe emanar de un órgano internacional". En consecuencia, encomendó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un proyecto de Estatuto para la creación de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre. El Comité Jurídico Interamericano, en su Informe al Consejo Interamericano de Jurisconsultos del 26 de septiembre de 1949, consideró que la "falta de derecho positivo sustantivo sobre la materia" constituía "un gran obstáculo en la elaboración del Estatuto de la Corte", y que lo aconsejable sería que una Convención que contuviera normas de esta naturaleza precediera al Estatuto, estimando que el Consejo de Jurisconsultos debería proponer tal solución a la X Conferencia Interamericana.

La Décima Conferencia (Caracas, Venezuela, 1954) en su resolución XXIX "Corte Interamericana para Proteger los Derechos Humanos", remitió a la Undécima Conferencia la consideración sobre el asunto, para que tomara una decisión con base en los estudios que al respecto hubiere realizado el Consejo de la OEA, al cual encomendó que continuara con esa tarea sobre la base de los proyectos ya existentes y a la luz de sus propias experiencias. La Undécima Conferencia, sin embargo, nunca llegó a celebrarse.

Posteriormente, la Quinta Reunión de Consulta (1959), en la parte primera de la resolución sobre "Derechos Humanos", encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de dos proyectos de convención: uno sobre "derechos humanos" y otro sobre la creación de una "Corte Interamericana de los Derechos Humanos" y otros órganos adecuados para la tutela y observancia de tales derechos.

El Consejo de Jurisconsultos cumplió su cometido y en su Cuarta Reunión (Santiago de Chile, 1959) elaboró un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos que contenía, además de la parte sustantiva en materia de derechos humanos, la parte institucional y procesal respecto de tales derechos, inclusive la creación y funcionamiento de una Corte y una Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El mencionado proyecto fue luego sometido al conocimiento de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria que, a su vez, acordó enviar el proyecto al Consejo de la Organización con el encargo de que lo actualizara y completara, oyendo a la Comisión de Derechos Humanos y a los otros órganos y entidades que estimara conveniente y, después de ésto, convocara a una Conferencia Especializada Interamericana.

Con fecha 10 de abril de 1967 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su dictamen al Consejo. El día 22 de noviembre de 1969 fue adoptada en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la que se crea (Capítulo VII de la Parte II) una Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz, Bolivia, en 1979, aprobó el Estatuto de la Corte (Resolución 448). El artículo 1º la define como "una institución judicial autónoma que tiene por objeto la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

La Corte tiene función jurisdiccional y consultiva. En lo que a la función jurisdiccional se refiere, sólo la Comisión y los Estados partes de la Convención que hubieren declarado reconocer la competencia de la Corte, están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención a condición de que se hubieran agotado los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la misma, es decir, todo lo relativo a la tramitación que debe realizarse ante la Comisión.

Además, para que pueda presentarse ante la Corte un caso basado en una denuncia interpuesta contra un Estado parte, éste debe reconocer la competencia de la Corte. La Declaración de reconocimiento de la competencia de la Corte puede ser hecha en forma incondicional para todos los casos o bien, bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determinado o para un caso específico.

En lo referente a la función consultiva de la Corte, la Convención prevé en el artículo 64 que cualquier Estado miembro de la Organización podrá consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Este derecho de consulta se hace extensivo, en lo que a cada uno les compete, a los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la OEA. La Corte podrá también, a solicitud de cualquier Estado miembro de la Organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos internacionales anteriormente mencionados.

Los Estados partes de la Convención, en el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (mayo de 1979), eligieron a los primeros siete jueces de la Corte y ésta fue instalada oficialmente en San José, Costa Rica, donde tiene su sede, el día 3 de septiembre de 1979.

La Corte en el curso de su Tercer Período de Sesiones, llevado a cabo del 30 de julio al 9 de agosto de 1980, adoptó su Reglamento y completó los trabajos sobre el Acuerdo Sede concertado con Costa Rica, en el que se estipulan las inmunidades y los privilegios de la Corte, sus jueces y su personal, así como de las personas que comparecen ante la misma. Ese acuerdo fue ratificado por el Gobierno de Costa Rica.

Posteriormente, el Reglamento de la Corte fue reformado y aprobado en su Vigesimotercer Período Ordinario de Sesiones celebrado del 9 al 18 de enero de 1991.

H. INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS
MAS RECIENTES REFERIDOS
A LOS DERECHOS HUMANOS

Dentro del marco de la misma Asamblea General de 1985 que aprobó el Protocolo de Cartagena de Indias, el cual enmendó la Carta de la OEA, los Estados miembros abrieron para la firma la "Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura".

Este instrumento establece una detallada definición sobre la tortura e indica quienes serían los responsables de este delito. Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a los perpetradores de la tortura sino además a tomar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus jurisdicciones. Así, una persona acusada de tortura no puede evitar su castigo, bajo los términos de esta Convención, al huir al territorio de otro Estado parte.

Esta Convención entró en vigencia el 28 de febrero de 1987, treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación.

El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, fue aprobado en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Asunción, Paraguay, 1990). En 1969, cuando se redactaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no tuvo éxito un esfuerzo concertado para incluir una provisión que hubiera prohibido absolutamente la pena capital. Este instrumento aboliría la pena de muerte a lo largo de todo el hemisferio mediante la ratificación del Protocolo por los Estados partes.


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